Epic vs Apple: una orden judicial exige a Apple permitir métodos de pago externos en las aplicaciones

Epic vs Apple: una orden judicial exige a Apple permitir métodos de pago externos en las aplicaciones
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El juicio de Epic contra Apple ha llegado a un punto clave. Después de meses de disputas y documentos filtrados, finalmente la jueza Yvonne González-Rogers ha tomado una decisión. A través de una orden judicial permanente emitida este viernes, ha exigido a Apple lo siguiente:

"(1) incluir links externos u otras llamadas a la acción en sus apps y en los botones de metadatos para dirigir a los consumidores a mecanismos de compra, además de las Compras In-App  y (2) comunicarse con los consumidores a través de puntos de contacto obtenidos voluntariamente de los consumidores mediante registro de cuentas dentro de la app".

Esta medida entrará en vigor en 90 días, es decir, el próximo 9 de diciembre. En ese tiempo, Apple debe permitir a las compañías terceras, si así lo desean, introducir enlaces o mensajes a páginas externas de la App Store.

Por otro lado, en la resolución al completo, la jueza ha rechazado la visión de Epic Games respecto a que Apple está imponiendo un monopolio. "El tribunal no puede concluir en última instancia que Apple es un monopolista según las leyes antimonopolio federales o estatales", indica González-Rogers.

Sin embargo, a su vez no acepta la postura de ambas compañías en cuanto a la definición del objeto de la demanda. "El mercado relevante aquí son las transacciones de juegos móviles digitales, no los juegos en general y no los propios sistemas operativos internos de Apple relacionados con la App Store".

Por último, la jueza ha señalado que Apple sí que ha incurrido en conductas anticompetitivas, "según las leyes de competencia de California". De esta forma, cree que "aumentará la competencia, aumentará la transparencia, aumentará las opciones y la información del consumidor al tiempo que se preserva el ecosistema iOS de Apple".

Eso sí, la propia jueza ha dictaminado que Epic debe pagar el 30% de los ingresos obtenidos entre agosto y octubre de 2020, momento en el que estalló la polémica. La cifra total, más daños adicionales, aumenta hasta los 3,6 millones de dólares.

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