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El Ministerio de Consumo plantea la posibilidad de gravar a las compañías que presenten loot boxes en sus videojuegos

El Ministerio de Consumo plantea la posibilidad de gravar a las compañías que presenten loot boxes en sus videojuegos
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El Gobierno de España está dispuesto a atajar la polémica derivada por las loot boxes en los videojuegos. A través del Ministerio de Consumo liderado por Alberto Garzón, el organismo plantea la opción de gravar con una tasa a las empresas que ofrezcan esta clase de productos.

Esta, y otras cuestiones, se encuentran en una consulta pública lanzada por el ministerio, con el fin de prevenir la ludopatía en menores de edad. Concretamente, se establece la pregunta de la siguiente forma: ¿cuál sería la base imponible y el tipo tributario óptimo más adecuado para esta modalidad de juego? .

Una de las cuestiones propuestas es acerca de si las loot boxes deberían regularse a través de la Ley del Juego de 2011 o que hiciese falta una licencia general específica. El documento presentado la Dirección General de Ordenación del Juego se encuentra abierto a comentarios hasta el 31 de marzo.

Otra de las posibilidades abordadas es, sin perjuicio de la regulación que se establezca, si deben "fomentarse desde los poderes públicos los mecanismos de autorregulación de la industria del videojuego en relación con los mecanismos aleatorios de recompensa".

El texto recoge frases como que "el fenómeno de las cajas botín puede tener efectos potencialmente peligrosos en determinados colectivos de jugadores". En este sentido, ya se pronunció el propio ministro en una entrevista en Xataka, en la que recordaba que "induce a unos esquemas mentales en los que se normaliza ese tipo de consumo, y, por lo tanto, estás normalizando en el fondo también las tragaperras fuera del videojuego. Está muy demostrado que tiene unas consecuencias psicológicas, físicas y económicas muy importantes".

En la consulta se remarca el hecho de que "una parte de la doctrina científica ha subrayado la posibilidad de que las cajas botín, como mecanismos que simulan o comparten características esenciales con los juegos de azar, puedan afectar de forma negativa a los menores". Garzón también recalcó este aspecto durante la entrevista, ya que el objetivo de la de su ministerio "es proteger al menor".

Añade el documento que "la presencia de cajas botín en videojuegos con una calificación inferior a 18 años es constante", ya que a través de "un análisis prospectivo de un total de 54 juegos en móviles trajo como resultado que 51 de ellos estaban calificados para mayores de 12 años, y 31 para niños de 7 años".

Además, se apoyan en un estudio realizado por Juniper Research's Study, el cual cifra los ingresos provenientes de loot boxes y obtención de skins "en aproximadamente 30 mil millones de euros en todo el mundo en 2018, con una proyección de hasta 50 mil millones de euros para 2021".

Alberto Garzón quiso tranquilizar a las empresas durante la entrevista en Xataka, asegurando que "nosotros no queremos hacer no rentable el videojuego. Queremos que los videojuegos sean rentables, pero siempre preservando la salud pública".

Sobre una fecha aproximada para la tramitación de una posible ley, Garzón cree que "a lo largo del 2021 estará. Lo único es que hay un doble proceso: el proceso de consulta y de información densa para poder tomar la decisión y luego está el trámite parlamentario, que esperamos que no sea demasiado largo".

Mientras tanto, diversos países europeos como Francia han adoptado sus propias medidas al respecto, Capcom ha declarado su rechazo a estas prácticas e incluso Epic Games se ha visto obligada a entregar 1.000 pavos a los jugadores tras una demanda colectiva.

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